Después del receso invernal, la Cámara de Diputados recupera su flujo de actividad habitual con reuniones de comisión variadas y una sesión para la semana que viene, en la que se tratarán proyectos vinculados a la agenda de seguridad.
Este panorama de aceleración legislativa ocurre en medio de los coletazos del escándalo por la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Esta excursión al servicio penitenciario de Ezeiza provocó malestar interno en el bloque liderado por Gabriel Bornoroni, que en la noche de este martes debatió una estrategia de «gestión de crisis» y control de daños para evitar que la mancha de aceite siga extendiéndose.
Para ello es necesario, en primer lugar, poner en caja a la diputada Rocío Bonacci, quien en un arrebato de individualismo extremo de autopreservación salió en los medios a explicar que, pese a participar del traslado al servicio penitenciario, llegó hasta allí engañada, sin conocer el verdadero propósito de la visita.
«Mi mayor error fue confiar en un colega de turno», dijo para despegarse la santafesina sobre Beltrán Benedit, el cerebro detrás de la organización de este furtivo encuentro con genocidas.
Pero la mayor «traición» de Bonacci no fue el señalamiento a su par entrerriano, un confeso apologista de los “combatientes” militares contra “la subversión marxista”, sino el hecho de haber salpicado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
“La visita se convocó desde una combi oficial que se pide a la cámara, teniendo el ok dado desde Presidencia», soltó la diputada libertaria, quien está evaluando abandonar el bloque oficialista.
No casualmente Bonacci estuvo ausente de la reunión que en la noche de este martes realizó el bloque presidido por Gabriel Bornoroni en el Salón Blanco del Congreso.
“Hay una discrepancia comunicacional. No es grave”, minimizaron fuentes de Presidencia de la Cámara baja a las que Noticias Argentinas tuvo acceso.
No obstante, las declaraciones de Bonacci insinuando una responsabilidad de Menem cayeron mal entre sus compañeros de bancada, porque más allá de que el relato sobre los acontecimientos sea veraz, pone el dedo en una llaga que buscan suturar lo más pronto posible.
Razones no le faltan: Unión por la Patria olió sangre y está decidido a hacerle pagar el costo político a La Libertad Avanza y al propio Menem, a quien le exigen que tome alguna medida disciplinaria ejemplificadora.
Días atrás, el bloque que preside Germán Martínez presentó un proyecto de ley que apunta a constituir una comisión especial evaluadora de la conducta de los seis diputados libertarios, con la lupa puesta en dilucidar quién autorizó el transporte con vehículos oficiales de la Cámara baja.
En el fondo, la movida de UP, que intentará jugar sus cartas en la sesión del 7 de agosto, busca que rueden las cabezas de los diputados libertarios que fueron a conversar con Alfredo Astiz y el resto de los represores.
“Nos tiene sin cuidado lo que haga Unión por la Patria”, respondieron las fuentes consultadas del oficialismo.
El problema de Menem no lo tiene con Unión por la Patria únicamente, ya que también los líderes de los espacios dialoguistas le pasaron factura puertas para adentro y le exigieron una reacción pública al riojano.
«Sería bueno que surja del propio oficialismo una sanción a los diputados que fueron a visitar a los represores. Es algo que afecta la honorabilidad de toda la Cámara«, destacaron altas fuentes del bloque radical que encabeza Rodrigo de Loredo.
Pese a las presiones, el titular del cuerpo se mantiene inmutable, y le pidió a Bornoroni que ordene a la tropa y evite que haya fugas en el mensaje, como la que protagonizó Bonacci.
Eso es exactamente lo que ocurrió en la reunión del bloque oficialista en el Salón Blanco. Según pudo averiguar Noticias Argentinas de fuentes libertarias, en el encuentro no faltaron los reproches cruzados entre las diferentes líneas internas, pero la sangre no llegó al río y al final se unificó la comunicación.
La estrategia es encapsular el episodio como un “asunto personal” y no retroalimentar la polémica con la oposición, para impedir que la bola de nieve siga creciendo y le vuelva con todo el peso.
En la reunión estuvo presente Benedit, a quien se le pidió que bajara el perfil y evitara “dar la nota” con intervenciones que le generan un costo al oficialismo.
El otro tema que amenaza con traer nubarrones en la línea de visión del oficialismo es la voluntad opositora de derogar el DNU que otorgó una ampliación en 100 mil millones de pesos en los fondos reservados para su uso discrecional por parte de la SIDE.
Según sostienen desde distintos sectores, la Ley de Administración Financiera obliga a que cualquier decisión sobre fondos reservados para tareas de inteligencia deban pasar necesariamente por el Congreso nacional.
La controversia sucede en momentos en que La Libertad Avanza sigue frenando la integración de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y posterga el envío al Congreso de los DNUs y la convocatoria de la Bicameral de Trámite Legislativo que debe revisarlos.
Son varios los proyectos presentados por distintos sectores de la oposición para dar por tierra con el DNU. El pichettismo y las distintas tribus que conforman el bloque de Hacemos Coalición Federal se abroqueló detrás de una iniciativa de Margarita Stolbizer.
También la Coalición Cívica presentó un proyecto propio, al igual que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
La UCR, en tanto, no presentó aún un proyecto pero instó al «urgente tratamiento» del DNU que amplió los fondos reservados para la SIDE en la bicameral de Trámite Legislativo.
“Por decreto conformaron una nueva SIDE, y la primera decisión que tomó el Ejecutivo al respecto fue dotarla de 100.000 millones de pesos más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de 15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que “no hay plata”, por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados”, recriminó el bloque encabezado por De Loredo.
“Y lo que preocupa aún más es que especifican que son fondos de carácter reservado, evitando rendir cuentas o dar información de carácter público sobre el uso de los mismos”, agregaron los diputados radicales en el comunicado, que aclararon que “según establece nuestra Constitución, esa asignación presupuestaria debe realizarla el Congreso Nacional, sobre todo teniendo en cuenta que de ninguna manera se da una situación de excepcionalidad como para hacerlo vía DNU”.
Si la oposición en su conjunto, con el aporte de Unión por la Patria como primera minoría, juntara en la próxima sesión una mayoría de voluntades para voltear el decreto, estaría en perfectas condiciones de hacerlo.