El Concejo Deliberante de la Capital resolvió adherir a la ley provincial 6973, que está vigente desde hace 11 años, que crea un registro de perros potencialmente peligrosos, un flagelo que costó algunas vidas y causa múltiples lesionados cada año.

 

El proyecto presentado por el Frente Cívico define como potencialmente peligrosos aquellos ejemplares que hubiesen atacado anteriormente a personas u otros animales domésticos, muestren un comportamiento agresivo o hayan sido adiestrados para el ataque o defensa.

 

En tal sentido, se consideran razas peligrosas la Bull Terrier, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Dogo del Tibet, Fila Brasileño, Mastín Extremeño, Mastín Napolitano, Pitbull Terrier y Rottweiler, entre otras.

 

La tenencia de este tipo de razas exige a su propietario observar las medidas en lo que respecta al albergue en instalaciones seguras y resistentes, que impidan su huida a la vía pública. También deben ser conducidos en espacios públicos debidamente amarrados, con bozal y con vigilancia permanente. Estas medidas buscan reducir la gran cantidad de “accidentes” con perros.

 

No es un tema menor. Algunos niños ya murieron atacados por perros en Santiago del Estero. En 2015, un niño de 7 años murió atacado por un pitbull que cortó su cadena y salió a la calle, en el barrio Almirante Brown. Una niña también murió atacada por un dogo a mediados de los años 2000, en la casa de una abogada cerca de tribunales, mientras su madre realizaba tareas de limpieza. Un criador de perros también pereció atacado en Termas de Río Hondo, hace varios años atrás. El año pasado otro niño de Añatuya fue atacado por pitbulls dentro de una iglesia y sufrió graves heridas, por citar algunos ejemplos. Pero muchos otros pasan permanente por el Cepsi a causa de estos ataques que parecen no tener fin.

 

Expertos veterinarios y entrenadores aducen que “no hay razas peligrosas” y que la responsabilidad recae en sus dueños, por no criarlos como corresponde, ni tomar medidas preventivas. Los propietarios aducen que se defienden de la inseguridad. Lo cierto es que hay una recurrencia en los ataques perpetrados por determinadas razas, sobre todo perros de pelea. Y la negligencia campea.

 

El proyecto de ordenanza no contempla los perros de razas menos peligrosas y callejeros, pese a que suelen general múltiples accidentes y lesiones de los que nadie se quiere hacer cargo. Más aún con la generalizada costumbre de no responsabilizarse de estos animales que se alimentan y se mantienen en la vía pública, donde por instinto natural establecen su territorio y pueden llegar a atacar a cualquier transeúnte. Pero su riesgo dista mucho de las razas que sí están catalogadas.

 

Criar perros de razas potencialmente peligrosas puede equipararse a la tenencia de un arma de fuego, que puede resultar mortal si no se toman todos los recaudos. Y, aun así, siempre se trata de un peligro latente. Lamentablemente, el Estado debe legislar sobre esta problemática para controlar y sancionar a los particulares que desoyen las advertencias y generan situaciones de peligro para la sociedad.

 

La ordenanza será aprobada en las próximas semanas, seguramente. Será una herramienta que adecuadamente utilizada servirá para comenzar a poner freno a esta problemática.