En los últimos meses las financieras que administran las deudas por planes de ahorro para la adquisición de vehículos 0 Kilómetro comenzaron a notificar a los clientes próximos a finalizar sus planes que con la última cuota deberán abonar la sumatoria del diferimiento que se viene aplicando todos los meses, desde septiembre de 2019. En un solo pago. Esto pone en crisis la economía de más de 5.000 ahorristas sólo de Santiago del Estero, que deberán echar mano de sus ahorros –si los tuviesen- o endeudarse nuevamente por varios años para salvar el escollo.

 

Muchos clientes adheridos a la medida cautelar realizan sus pagos en consignación en una cuenta oficial del Banco Santiago, hasta cancelar los planes y a la espera de una sentencia. Para aquellos que pagan a la concesionaria se habilitó un trámite para intimarlas a explicar los montos exorbitantes que reclaman al cabo de las 84 cuotas.

 

La defensoría del Pueblo, a cargo de Lionel Suárez, abrió un enlace para que los clientes presenten la deuda reclamada y esto sea derivado al juez de Paz, Rómulo Scarano, para que intime a las financieras a explicar la composición de la deuda elaborada unilateralmente y exigida, bajo la amenaza de embargo y cobro judicial. Para tener en cuenta: los 0 Km. tuvieron un reciente aumento del 4% y acumulan un 28% desde inicios de año, por encima de la inflación. Algunos modelos en seis meses subieron 500 mil pesos. Y ese repunte de precios incide en el volátil “valor móvil” que las financieras utilizan para calcular el valor de las cuotas. Por eso, en lugar de reducirse, las deudas se mantienen o incrementan año tras año.

 

El abogado Pablo Muratore, que asesora a varios amparistas y él mismo es un damnificado recordó en declaraciones a Radio Exclusiva que comenzó a estudiar los contratos de adhesión “cuando vi que en mi plan se iba el valor móvil de 300 a 600 mil pesos en el término de 6 meses. Y ahí hay una cláusula en el contrato que las obliga a informarnos cuando existe un incremento significativo del valor, para darnos la opción de continuar o salir del plan. Cosa que no hicieron, no nos dieron la opción”. Esto se dio en muchos casos en los que las marcas adujeron que no disponían de los modelos elegidos y se ofreció otros más caros: cuando superan el 20% están obligadas a dar la posibilidad de abandonar el plan. Pero tampoco se dio esa chance, señaló el letrado. “Más allá de que se haga o no, eso da la pauta para evitar que se metan en nuestros bolsillos”, explicó.

Para graficar la trepada del valor móvil, señaló que la inflación desde abril de 2018 a junio de 2021 fue del 252%, lo que en su caso particular lo llevó de pagar 4 a 31 mil pesos de cuota. Su vehículo pagó de tener un valor de 300 mil pesos a 1.900.000: “Si bien podemos no estar de acuerdo con la inflación, el valor móvil de aquella época tendría que haber crecido de 300 mil a 1,1 millones, o sea que aquí hay 800 mil que se los lleva alguien y no sabemos para dónde o por qué. El auto tendría que subir de valor según la inflación, y no por el antojo o los parámetros que establezcan las empresas”. Esto surge del cálculo de la página de la defensoría o de internet.

 

Muratore no dudó en calificar de una “trampa” al sistema que asfixia a los compradores de vehículos, sobre todo desde la brutal devaluación de abril de 2018. “Estamos en un mar de falta de certeza con las empresas, también a nivel judicial, porque no tenemos todavía una sentencia que defina esto, pese a que la medida cautelar le ordena a las empresas reducir las cuotas. Y si no lo hacen, nos habilita a nosotros como usuarios a hacerlo y depositar en el banco. De todos modos, necesitamos en algún momento una sentencia”.

 

“Todos sabemos que desde que se inicia el plan hasta que se termina a las 84 cuotas aumenta lo que se denomina el valor móvil. Uno va a suscribirse porque no puede pagar al contado o hacer una financiación bancaria. Pero uno cae en esos planes porque los venden como diseñados para la clase trabajadora o a quienes no tienen fácil acceso a la compra de un 0 Km., pero después que suscribe cae en un mar de incertidumbre porque no sabe cuánto va a pagar la próxima cuota”, indicó.

 

El abogado aclaró que en otras provincias los amparos cayeron, como en Córdoba, por tratarse de acciones de consumo que deben estar avaladas por entidades como la Defensorías del Pueblo y organismos de Defensa del Consumidor, lo que ocurrió en el caso de Santiago del Estero, por lo que su legitimidad está garantizada.

 

“El Superior Tribunal tiene en este momento la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo y tiene que decidir si es legítimo que la causa esté en el juzgado del Dr. Scarano y si queda vigente la medida cautelar hasta que termine el proceso. Estamos muy lejos de tener una sentencia definitiva. Conozco con 20 años de experiencia presentaciones muy bien fundadas que no tuvieron sentencias favorables, pero tengo fe en esta presentación. Porque lo que planteamos no es descabellado, como las faltas que las administradoras cometen en contra de los consumidores y usuarios, y la otra es que estamos bien parados porque sabemos que el defensor del Pueblo y el gobierno de la provincia están a favor, por las declaraciones que hicieron. No puedo garantizarlo, pero creo que vamos a salir victoriosos. En el caso en que se falle en contra, tenemos la vía recursiva para seguir apelando”.

 

Muratore también consideró que “el Estado debe tener un rol más activo y ofrecer algún tipo de solución”, al referirse al papel de la Inspección General de Justicia, que tiene incumbencia sobre los contratos de adhesión.