En Argentina, el 4,7% de niñas y adolescentes menores de 18 años están casadas o conviviendo en nuestro país y la mayoría de los casos se concentra en el noreste argentino, donde Santiago del Estero ocupa el sexto lugar. Las provincias de Misiones (7,2%), Chaco (6,9%) y Formosa (6,4%) lideran las cifras de niñas y adolescentes que viven en matrimonio o convivencia. Le siguen Santa Fe (5,4%), Entre Ríos (5,4%), Santiago del Estero (5,3%), Corrientes (5,3%), Salta (5%) y La Rioja (4,9%).
Los departamentos donde se detectaron mayor frecuencia de este tipo de uniones son Moreno y Jiménez. En gran parte de la provincia las cifras son medianas y bajan notablemente en departamentos del Sur del territorio (ver mapa). Con el 5,3% de su población infantil femenina alcanzada, la provincia supera la media nacional, inferior al 5%. Por supuesto que estas uniones de hecho no se asientan en el Registro de las Personas, pero hay indicadores que permiten detectarlas.
Por matrimonio infantil se toma la definición de la ONG Girls not Brides (“Niñas, no esposas” en español), que incluye a “toda unión formal o informal en la que una o ambas partes tienen menos de 18 años”. Se considera forzado si uno o ambos no consintieron libremente. Y en menores de 15 se asume forzado ya que se considera que no tienen capacidad de consentir.
La fundadora responsable de FEIM, Mabel Bianco, explicó que “pese a que el consentimiento sexual es a los 13 años, entendemos que estas relaciones representan un acto más amplio porque la mujer tiene que convivir con esa pareja, es mucho más que consentir un acto sexual. Internacionalmente, se considera que con menos de 15 años no tiene capacidad de consentir, por eso se considera forzado”. Para el Código Penal argentino, la actividad sexual con menores hasta los 13 años es considerado abuso sexual sin contemplaciones, por más que exista consentimiento. Luego, hasta los 18 años existen otras figuras como la corrupción de menores o la violencia, que también se penan.
En los tribunales santiagueños es frecuente encontrar juicios por abusos sexuales incestuosos, de padres o familiares hacia hijas niñas o adolescentes, a las que toman como esposas de hecho. Más de una vez las defensas han intentado argumentar que se trata de “una cuestión cultural”, pero los tribunales rechazaron una y otra vez esos argumentos para lograr la exculpación o atenuación de los delitos sexuales.
Casi el 5 % de las niñas argentinas menores de dieciocho años están casadas o en situación de convivencia con hombres en su mayoría entre 10 y15 años mayores que ellas. El número surge diagnóstico cuanti-cualitativo que realizo la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) en el marco del Proyecto Matrimonios y Uniones Convivenciales en la Argentina, que se está desarrollando desde octubre de 2019 con el apoyo del Fondo Fiduciario de ONU Mujeres para la Lucha contra la Violencia.
Ese fenómeno social implica consecuencias como abandono escolar, maternidad adolescente, aumento de violencia de género y mayor riesgo de contraer infección con VIH.
La falta de estadísticas oficiales sobre el tema en el país no permite visibilizar esta situación y se sigue considerando este no es un tema en el país. A partir del estudio de la FEIM, se desprende que alrededor del 80-90% de las niñas y adolescentes sufren violencia de género: conviven con el agresor y, en la mayoría de los casos de violencia y/o femicidio, se dan en los mismos hogares y/o de familiares próximos.
El informe relacionó las estadísticas oficiales sobre femicidios que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Entre 2017 y 2019, 72 niñas y adolescentes de entre 14 y 19 años fueron víctimas directas de femicidio, de las cuales el 50% convivían con sus parejas.
En el informe también se indican otras conclusiones preocupantes:
∙ Se analizaron los problemas más frecuentes que conlleva el matrimonio o las uniones en la adolescencia, entre ellas la violencia que padecen las chicas en mayor medida, con un claro predominio en las regiones de NEA y NOA .
∙ Alrededor del 80-90 % de las niñas y adolescentes conviven con el agresor y en la mayoría de los casos de violencia y/o femicidio se dan en los mismos hogares y/o de familiares próximos.
∙ La violencia contra las niñas menores de 14 años es ejercida por los padres y/o padrastros y en las adolescentes de 15 a 18 años, varones jóvenes entre 18 a 29 años. Esta violencia creció a partir del aislamiento por COVID.
∙ El tipo de violencia que prima es la física y psicológica, pero también inciden violencias de tipo simbólica, sexual y económica, especialmente para el rango de 15 a 19 años.
∙ Es necesario un análisis sobre la interseccionalidad de las niñas y adolescentes víctimas de violencia (migrantes, indígenas, con discapacidad). Si bien en las regiones de NEA y NOA, el factor cultural y étnico influye en las altas frecuencias, debido a la migración a otras provincias es difícil saber en qué medida siguen pesando estos factores en otras áreas. La pobreza es un determinante también de estas uniones o matrimonios.
∙ El aislamiento, la restricción de la libertad y el embarazo posicionan a las niñas y adolescentes en una relación desigual de poder con sus parejas y con la imposibilidad de poder acceder a información, atención de su salud, educación y a sus redes familiares, volviéndose un círculo peligroso de violencia. Esto último se vio incrementado con el COVID.