La justicia federal de Tucumán avanza en una causa por delitos ambientales atribuidos a la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), que maneja el gobierno de la provincia vecina y socios privados, por delitos ambientales en la cuenca Salí-Dulce. El vuelco de efluentes cloacales crudos afecta directamente a las provincias que comparten el río: la misma Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, donde finaloza en la laguna Mar Chiquita.

Varios allanamientos de Gendarmería Nacional y estudios de la Universidad Nacional de Tucumán encontraron sustancias contaminantes por arriba de los niveles permitidos por la ley de Residuos Peligrosos. Incluso agroquímicos prohibidos en el mundo.

Análisis bioquímicos de la UNT establecieron que los vegetales y animales que beban esa agua podrian generar cáncer a los humanos que los consuman.

El juez federal Fernando Poviña sobreseyó a los pocos directivos de la SAT que fueron investigados. Pero la Cámara Federal de Apelaciones revocó su resolución y ordenó que se los investigara.

Así fue que en estas semanas debieron declarar, junto con testigos. Uno de ellos reconoció el pésimo estado en qie recibió la empresa y aseguró haber intentado una gestión ambiental. Otro sostuvo su inocencia y le echó la culpa a supuestas conexiones clandestinas de los barrios.

Lo cierto es que en el transcurso de esta investigación, que ya lleva casi 10 años, el gobierno nacional inauguró una nueva planta de tratamiento. Pero en una inspección de Gendarmería se detectaron filtraciones de efluentes cloacales.

El Banco Interamericano, que financió la obra, se interesó en que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque la planta se hizo con sus fondos.

Esta causa que tiene alcances interprovinciales fue iniciada por un ama de casa tucumana, harta de la contaminación que afectaba su barrio en el Sur de San Miguel. En su cruzada recibió amenazas ella y si familia. Participó una concejal de Termas de Río Hondo, que se retiró por problemas de salud. Se trata de un ejemplo de acción pública iniciada por ciudadanas.

En las distintas causas que instruye la justicia federal tucumana surge que no sólo las industrias de esa provincia contaminan aguas abajo, gracias controles laxos, sino que en este caso se ve implicado hasta el propio gobierno.

Además de propiciar un daño al medio ambiente y a la población cercana al principal sistema hídrico de la provincia, de manera colateral perjudican la millonaria inversión turística.

El riesgo que ese comportamiento implica a la salud pública de tres provincias merece un fallo que contenga una sancion ejemplar.