El doctor en Ciencias Forestales de la universidad nacional local, Miguel Brassiolo, aseguró que el ministerio de Medio Ambiente de la Nación avanza con una modificación de la ley de Bosques para impedir los desmontes en zonas donde actualmente están permitidos y en la posibilidad de tipificar estas prácticas como delito penal. En ese sentido, coincidió con el diagnóstico de Greenpeace sobre el avance de la deforestación en la región, que forma parte del Gran Chaco argentino.

 

“En este momento disminuyó un poco, pero Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta son las provincias que tienen los mayores índices de deforestación del país. Esto es una problemática real. Uno de los desafíos es poder encontrar alternativas para que el avance de frontera agropecuaria sea ordenado y respetando las leyes”, explicó, en una síntesis de su ponencia en el XX Seminario por el Día mundial del medio ambiente, que organizó recientemente la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE.

 

Explicó en Radio Universidad que Santiago del Estero posee 6 millones de hectáreas de bosques, de las 13 millones de su superficie total, en una zona compartida con el Gran Chaco argentino que totaliza 20 millones.

“Lamentablemente han existido y siguen existiendo desmontes que se dan incluso dentro del ordenamiento territorial, en áreas protegidas o que están destinadas al aprovechamiento forestal sin deforestación. Esto sigue ocurriendo y ha motivado que el ministro de Medio Ambiente de Nación (Juan Cabandié) esté planteando una propuesta de modificación de la ley nacional. De alguna forma, desde Nación se están tratando de frenar definitivamente los desmontes”, indicó. Cabe recordar que Cabandié ya había anticipado en su visita a la provincia, el año pasado, que impulsaría esa reforma para proteger los bosques.

 

“Se quiere hacer de dos formas: modificando los ordenamientos territoriales quitando estas áreas verdes permitidas de para desmontes y, por otro lado, definiendo a la infracción como delito penal. Son dos alternativas que se barajan a nivel nacional”, señaló el investigador.

 

“Aparte, hay que entender que no toda superficie desmontada entra en producción agrícola; lo que se está viendo es que hay mucho reciclaje: se desmontan muchas tierras pero se van abandonando otras que pierden fertilidad y se van transformando en arbustales que son totalmente improductivas. Esto no es una práctica sustentable, lógicamente, entonces se está intentando desde varios lugares frenar este tipo de cosas”.

 

También acotó que otro factor insoslayable es que el Chaco semiárido tiene la particularidad de contener zonas pobladas por comunidades indígenas y campesinas, que se ven afectadas directamente por esta problemática. Cabe recordar que el año pasado autoridades de la UNSE y de Fiscalía de Estado de la provincia mantuvieron encuentros para determinar el impacto de la deforestación y combatir sus efectos perjudiciales.